| | Existen verdaderos carteles que detentan parte del poder político e imponen su ley mediante la intimidación o la violencia. Editorial /
Otro tema mayúsculo
Ha pasado ya una semana desde cuando el Gobierno recibió el informe que preparó un comité técnico compuesto por expertos de varias instituciones públicas, cuyo tema central es la adopción de una regla fiscal para Colombia. Como es conocido, el propósito es definir una fórmula que sirva para manejar de la mejor manera posible la bonanza minera y petrolera que se avecina, tanto para ahorrar parte de ésta como para evitar distorsiones macroeconómicas que pueden afectar negativamente la salud del sector productivo. Pero mientras se madura la iniciativa, vale la pena empezar a pensar en otros temas que deberían acompañarla, como bien lo recomiendan los especialistas que escribieron el reporte. Ese es el caso de las regalías que reciben los departamentos y municipios en cuyo territorio se explotan los recursos naturales no renovables o donde están situados los puertos por los que se exportan minerales y combustibles, que en conjunto se llevan un 80 por ciento del total.
También tienen una tajada de la torta algunas corporaciones autónomas regionales, al igual que Cormagdalena o Ingeominas, para sólo nombrar unas pocas instituciones. Parte de esos fondos salen del 20 por ciento que le llega al Fondo Nacional de Regalías, que en teoría desarrolla proyectos con un criterio inclusivo, abarcando zonas más amplias que las mencionadas. Hasta la fecha, la cuantía de dinero girado a esos destinatarios es enorme. Según cuentas gubernamentales, el monto asciende a 38,8 billones de pesos constantes del 2009, desde 1995. A pesar de ello, es poco lo que hay para mostrar, pues suenan más los casos de corrupción y desperdicio que las historias de éxito.
La ley prevé que el dinero se use primordialmente para alcanzar coberturas mínimas en educación, salud, agua, alcantarillado y mortalidad infantil, pero los resultados son pobres, ya que ninguna entidad ha logrado cumplir con todas las metas. Entre los 180 receptores más importantes, solamente 56 han logrado la afiliación exigida al régimen subsidiado, mientras que apenas 48 han podido universalizar la educación básica. El caso es de unos pocos, puesto que ocho departamentos que concentran al 17 por ciento de la población han recibido ocho de cada diez pesos provenientes de regalías.
Tan solo a Casanare, Meta y La Guajira les ha correspondido el 45 por ciento de la suma citada, pero los tres están por debajo del promedio nacional en indicadores sociales. En cambio, los ejemplos de gobernadores destituidos y alcaldes sancionados en esas regiones abundan, para no hablar de una tenebrosa estructura dedicada a saquear al erario con la ayuda de organizaciones armadas ilegales. En Yopal, Villavicencio y Riohacha existen verdaderos carteles que detentan parte del poder político e imponen su ley mediante la intimidación o la violencia.
Dichos males, hay que decirlo, no son exclusivos de las regiones mencionadas, pues los mismos vicios se replican en otros sitios. A pesar de los controles impuestos, es muy poco lo que se ha logrado a la hora de cauterizar la vena rota del despilfarro, ya que en múltiples ocasiones, contralorías y procuradurías departamentales están también en manos de los mismos caciques que tienen el domino de las administraciones locales, mientras que la Fiscalía cuenta con pocos elementos en su haber para perseguir los delitos. Por tal motivo, ante la posibilidad de que las regalías se multipliquen por cinco veces o más en la presente década, es necesario cambiar la manera de hacer las cosas.
Esto debe incluir nuevas medidas orientadas a controlar la corrupción, así como un sistema de distribución más equitativo que el actual, todo con el fin de aumentar la transparencia, mejorar los resultados y distribuir los beneficios de los programas entre una mayor proporción de colombianos. Dentro de las opciones presentadas también está la de crear un fondo que financie parte del desarrollo de la infraestructura vial o mejore la competitividad del país. Semejante propósito no es nada fácil, pero hay que intentarlo. La razón es que el Colombia necesita ser consciente de que unas regalías bien invertidas le permitirían dar un salto más rápido hacia el progreso. De lo contrario se repetirá la historia de los años pasados, con la diferencia de que el monto que ahora se desperdiciaría es mucho más grande que antes, algo que sería no sólo inmoral, sino sencillamente imperdonable.
Por Laschivasdelllano.com | | | |
|
